El ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación serán los encargados de adelantar las pesquisas que permitan determinar los cabecillas del llamado "cartel de los remates de vivienda", que está afectando a los usuarios de créditos hipotecarios en el país. Además de esta medida, el ministro Lozano llegó a tres acuerdos más con los usuarios de vivienda. A saber: tiene que quedar por ley, que la concertación debe tener prioridad, antes de los desalojos y los remates. El segundo acuerdo, es el de que la Defensoría de Pueblo acompañe todos los casos. "Que no se adelante ni un solo desalojo, hasta tanto no haya garantías totales para las personas que tendrán que salir de sus residencias, y cero agresión por parte de las autoridades", recalcó el ministro. Y el compromiso final es el de que el Banco de la República, con cifras en mano, demuestre y recoja el espíritu de las sentencias de la Corte Constitucional: que el UVR no suba más allá de la inflación.
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